Organizaciones que integran la iniciativa Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO), acusan que “en el país, matan cada año alrededor de 38 personas defensoras; en el estado han asesinado a 32 en el último gobierno, sin contar el otro tipo de agresiones que sufren”.
El pasado 17 de marzo en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO), conformada por 23 organizaciones civiles, alertaron sobre un deterioro en el respeto y protección de los derechos humanos durante la actual administración que arrancó el 1 de diciembre del 2022, particularmente en lo relacionado con pueblos indígenas y afrodescendientes, personas defensoras, mujeres, población en movilidad y personas con discapacidad.
Durante la presentación del informe “¿Avanza o no, el respeto a los derechos humanos en Oaxaca?”, Neftalí Reyes, integrante de Servicios para una Educación Alternativa, señaló que persisten las violaciones sistemáticas, altos niveles de impunidad y una débil respuesta institucional que, afirmó, se refleja en la inacción gubernamental frente a este tipo de problemas.
Señalaron que durante el gobierno morenista actual, se han asesinado a 32 personas defensoras, resaltando el hecho de que más del 90 por ciento de los casos continúan en la impunidad, sin contabilizar los casos en los que son hostigados, amenazados o se han iniciado procesos penales en contra de activistas y luchadores sociales. E indicaron la vinculación a proyectos de desarrollo sin consulta, la criminalización de la defensa social, el aumento de la violencia feminicida y la falta de atención a grupos vulnerables.
Este retroceso o profundización de la violación a los derechos humanos, dijo, está vinculado a cuatro principales aspectos:
- El primero, tiene que ver con la construcción de obras para el supuesto desarrollo económico de Oaxaca y sus comunidades, sobre las cuales prevalece la opacidad y la falta de consulta pública informada a las poblaciones afectadas.
- El segundo, con la agresión y criminalización de las personas defensoras. “En el país, matan cada año alrededor de 38 personas defensoras; en el estado han asesinado a 32 en el último gobierno, sin contar el otro tipo de agresiones que sufren”.
- El tercer aspecto, es el incremento de la violencia feminicida.
- El cuarto, la atención a grupos vulnerables como las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual, las personas afrodescendientes, entre otros.
Manifestó que en el periodo de Salomón Jara hasta ahora se han “registrado 166 hechos conflictivos en el estado de Oaxaca, de los cuales el 26% son por conflictos agrarios, el 25% están relacionados al Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y un 12% es por conflictos ambientales. A partir de estos 166 hechos conflictivos, vemos que en el 40% de los casos documentados hay omisión gubernamental para responder, resolver y transformar ese conflicto, la provocación es el 28% y la administración del conflicto el 15%, es decir, hacemos, pero no hacemos”.
Hizo énfasis en que se empieza a hacer más notoria la presencia de grupos de choque que están empezando a operar muy similarmente a los que existieron en el sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz.
En este diagnóstico, abundó, “encontramos un 27% de actos de criminalización; 25% de hostigamiento y el 21% son homicidios, lo que significa que la respuesta gubernamental para enfrentar esta problemática está caracterizada para criminalizar, hostigar y para no atender los casos de homicidios, pero sí existen carpetas de investigación y grupos de choque en esta conflictividad”.
Posteriormente, Angélica Ayala, representante de Código DH, advirtió que no solo existe un retroceso, sino el riesgo de que la situación continúe escalando, asegurando que en el actual gobierno morenista existe una opacidad muy grande porque no existe información pública, ni registros oficiales que den certeza de la situación que existe en Oaxaca.
Recordando que, “la pregunta del informe es muy provocadora, ¿avanzan o no? los derechos humanos en Oaxaca y yo solamente quiero ejemplificar que hace 3 años en la marcha del 8 de marzo hubo serias declaraciones y cuestionamientos por parte de Jesús Romero, secretario de Gobierno, descalificando el hecho de que las mujeres saliéramos a marchar”.
Consideró que “hay un discurso, una narrativa, una criminalización que se está transformando en hechos y que se viene escalando. Decía Ulises Ruiz (del PRI) hace 20 años, ‘no más protesta social’ y en este caso, el discurso (de Jesús Romero, de Morena) es ‘Dialoguemos no bloqueemos’, pero la policía la tenemos detrás. En la última marcha la policía la teníamos detrás”.
Bajo uso de la palabra, Guillermo Monteforte de Ojo de Agua Comunicación, resaltó que en Oaxaca continúan registrándose violaciones sistemáticas a los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de derechos humanos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad y comunidades afectadas por los megaproyectos.
Por lo que para finalizar, las organizaciones hicieron un llamado urgente a los poderes del Estado y a los organismos autónomos para asumir su responsabilidad y avanzar hacia una política pública centrada en la dignidad, la justicia social y la protección integral de los derechos humanos en Oaxaca.
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