La administración de Salomón Jara acumula un total de 33 asesinatos de defensores y defensoras y tres desapariciones forzadas en los tres años de su Gobierno, lo que ubica a Oaxaca en el primer lugar nacional de violencia hacia los defensores.
A tres años y cuatro meses desde el inicio de la administración estatal, encabezada por el Ing. Salomón Jara Cruz, el estado de Oaxaca registra 33 asesinatos de defensores de derechos humanos, activistas y defensores de la tierra; alertaron organismos especializados en el tema, que junto con el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), presentaron una campaña para resguardar la labor de comunicadores y activistas.
El director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, declaró que el gobierno de Jara Cruz se enfoca en descalificar y estigmatizar a las organizaciones sociales, lo que favorece a que los participantes en la campaña “Proteger la Dignidad” padezcan “un proceso de criminalización”. Señaló que “últimamente hemos tenido descalificaciones contra varias instancias en Oaxaca”, lo que forma parte del ejercicio autoritario que se vive en la entidad.
Durante la presentación de la campaña, organizada por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario (Consorcio), Espacio OSC y la embajada de Francia en México, se expuso la crítica situación en la que laboran los defensores y periodistas en Oaxaca.
Por su parte, Elizabeth Mosqueda, codirectora de Consorcio, destacó que Oaxaca es la segunda entidad a nivel nacional con mayor número de personas incorporadas al Mecanismo Federal de Protección, lo cual “no es un logro, sino una prueba de la grave amenaza a la vida de defensoras, defensores y periodistas”. Reiteró que la campaña busca visibilizar el trabajo de quienes protegen derechos humanos, la tierra y el territorio.
Mario Cardozo, de Espacio OSC, señaló que en Oaxaca no existe una legislación estatal de protección para defensores y periodistas, lo que los deja en estado de vulnerabilidad. Indicó que las agresiones comienzan con campañas de desprestigio, criminalización y ataques a la reputación, con el objetivo de restar credibilidad ante la sociedad.
Cabe mencionar que, en 2025, Oaxaca ocupó el primer lugar en el país por asesinatos de personas defensoras, seguido de Guerrero y Chiapas. Un total de 58 personas defensoras han sido asesinadas de 2018 a 2024, según el informe de 33 organizaciones, redes y colectivos, presentado en mayo de 2025.
De acuerdo con el informe “Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca”, 55 de las 58 personas defensoras asesinadas pertenecían a pueblos indígenas y sus crímenes permanecen en la impunidad. Además, se documentan violaciones como desplazamiento forzado, ruptura del tejido social y amenazas de prisión contra defensores.
También se expusieron casos de asesinatos, desapariciones, despojo de tierras y desplazamiento forzado en la región Mixteca, así como violaciones a derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, a una vida libre de violencia, a la salud, a la diversidad sexual, al medio ambiente, a la participación ciudadana y a la información.
Otro documento, elaborado por la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO), señala que las respuestas del gobierno estatal se reducen a omisión, opacidad, simulación y falta de consulta efectiva.
El informe documenta que en los primeros dos años y medio del actual gobierno, 44 personas defensoras fueron agredidas individualmente y se registraron 70 actos de agresión contra colectivos y comunidades. De estos, 27 fueron atentados contra la vida, resultando en el asesinato de 32 personas defensoras.
Finalmente, se señala que el 50% de las agresiones se concentran en el Istmo de Tehuantepec y están directamente vinculadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), identificado como principal catalizador de la violencia en la región.
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