Del total de 1,625 medidas de protección emitidas en el primer trimestre de 2026, 566 continúan vigentes, mientras que 1,059 han sido canceladas. En tanto, desde 2025 permanecen activas 14 de las 5,773 medidas emitidas en ese año.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, un total de 1,625 medidas de protección fueron emitidas en la entidad durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento cercano al 3% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1,565 acciones.
El repunte se observa principalmente en el comportamiento mensual. En enero de 2026 se registraron 533 medidas, frente a 483 en enero de 2025. En febrero, el aumento también fue notable, al pasar de 468 a 505 casos, mientras que en marzo se reportó una ligera disminución con 587 registros frente a los 614 del año anterior.
Además, en enero de 2026 se dictaron 1,933 medidas de protección, de las cuales 1,440 fueron de carácter preventivo y 493 correspondieron a medidas de emergencia.
Los registros oficiales indican que la mayor concentración de órdenes se ubica en Tuxtla Gutiérrez, seguido de Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Chiapa de Corzo, municipios que también encabezaron la lista en 2025, cuando se emitieron 5,773 órdenes de protección, una cifra muy superior a las 4,052 registradas en 2024.
Entre las acciones preventivas más recurrentes destacan la vigilancia en el domicilio de la víctima, la protección policial y el auxilio inmediato por parte de corporaciones de seguridad.
En cuanto a las medidas de emergencia, la disposición más aplicada fue la prohibición de realizar actos de intimidación o molestia hacia la víctima, así como hacia personas relacionadas con ella.
Por su parte, organizaciones civiles advierten que la violencia contra las mujeres en Chiapas se concentra en regiones específicas del estado, señalando la necesidad de reforzar la atención en zonas como:
- Región Costa
- Soconusco (principalmente municipios fronterizos)
- Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez
- Región Norte y Selva
Ednita Montoya, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio, señaló que uno de los principales problemas comienza al momento de denunciar, debido a la falta de empatía institucional y obstáculos en el proceso de atención.
Asimismo, denunció que en diversos casos, la Fiscalía o el Centro de Justicia para las Mujeres no reciben las denuncias correctamente, ya que los delitos son mal tipificados o solo se levantan registros de atención, en lugar de iniciar carpetas de investigación, lo que retrasa o limita el acceso a la justicia.
Además, subrayó que el proceso judicial suele ser prolongado y complejo, ya que después de la denuncia las víctimas deben atravesar etapas como la vinculación a proceso en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo cual puede tardar entre uno y dos años, obligando a las víctimas a revivir constantemente los hechos.
Cabe recordar que desde 2016 Chiapas cuenta con Alerta de Violencia de Género en 24 municipios, de los cuales siete tienen acciones emergentes y 17 acciones específicas, principalmente en zonas indígenas de la entidad.
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