Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas criticaron que el Gobierno Federal haya rechazado la asistencia técnica de la ONU, al considerar que limita los procesos de búsqueda e identificación. “No aceptar esta ayuda es condenarnos a seguir buscando solas”, manifestaron.
Distintos colectivos de familias buscadoras en México rechazaron la postura del Gobierno de México frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificara el documento como “parcial” y “falto de rigor”. La dirigente de Madres Buscadoras de Chiapas, Isabel Torres, calificó esta postura como una “burla” y un intento por “normalizar la tragedia”.
Como cada inicio de mes, las madres de la Colectiva de Búsqueda en Chiapas acudieron a la Catedral de San Marcos, donde dialogaron con el arzobispo José Francisco González González, quien les brinda acompañamiento. Ahí insistieron en que el CED de la ONU tenga acceso pleno a investigaciones en México.
“Desde el año pasado pedimos el apoyo de la ONU. Nos reunimos con la relatora Mary Lawlor en San Cristóbal de Las Casas y exigimos la obligación del Estado de buscar a nuestros desaparecidos”, señaló la dirigente.
Isabel Torres denunció que, pese al discurso oficial, el municipio de Berriozábal presenta alta incidencia de desapariciones forzadas. Según registros del colectivo, entre septiembre y octubre de 2025 se contabilizaron 55 desapariciones en cuatro meses, afectando principalmente a jóvenes de 15 a 30 años.
En un pronunciamiento conjunto, los colectivos señalaron que el informe del organismo internacional refleja la crisis de desapariciones en México, evidenciada en expedientes sin avances, cuerpos sin identificar y falta de resultados institucionales.
Las familias destacaron que la decisión del CED de llevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU con carácter urgente confirma la gravedad de la crisis y la incapacidad del Estado mexicano para atenderla.
Por ello exigen:
reconocimiento de la crisis de desapariciones,
cooperación internacional sin condiciones,
justicia real y sanción a responsables,
y diálogo basado en la verdad y no en intereses políticos.
Las organizaciones advirtieron que no aceptarán ser tratadas como un “problema incómodo” y reiteraron que su prioridad es encontrar a sus familiares desaparecidos.
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, señaló que el informe se sustenta en datos desde 2012, pero ubica el agravamiento desde 2006 con la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, periodo en el que se registró un incremento sostenido de desapariciones.
El informe destaca 28,880 desapariciones entre 2023 y 2025 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la presencia de fosas clandestinas, la violencia de cárteles y la posible participación de servidores públicos.
Además, documenta una crisis forense en México, con alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar en 2026, frente a 52,000 en 2021, así como la concentración de fosas clandestinas en Sonora, Veracruz y Tamaulipas.
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