La policía de élite “Pakal” aparece en la narconómina del abatido Líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, localizada en una de las cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco, donde el michoacano se refugiaba y se llevó a cabo el operativo que permitió su captura.
El pasado 1 de marzo, el estado de Chiapas fue sacudido por una nota de investigación realizada por el reconocido periódico “El Universal”, en donde se presenta información que asegura que entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado, la corporación policiaca de élite de la entidad conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) habría recibido 100 mil pesos, según consta en un reporte general de gastos en el que se revela que al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le cuesta casi 2 millones de pesos semanales su operación en el sur de la entidad, donde libra una batalla por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes con el Cártel de Sinaloa.
En el documento contable se da cuenta de pagos a sicarios de choque, apoyos a autoridades y servicios en los municipios de Chiapa de Corzo, Pantelhó, San Cristóbal, Oxchuc, Pueblo Nuevo, Altamirano, Tuxtla, Chenalhó, Mapastepec, Villa Flores y en la comunidad de Zaragoza, municipio de Ocosingo. De acuerdo con la narconómina, el CJNG tiene desplegado un “ejército” de más de 300 sicarios de choque en el sur de Chiapas, con sueldos que varían entre los 10 mil, 7 mil, 4 mil y 2 mil pesos a la semana.
Tan sólo para mantener a su célula delictiva en Tzanembolóm, municipio de Chenalhó, con presencia de Los Herrera, ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal destina 283 mil pesos semanales para 80 sicarios divididos en células de 10, comandadas por el “Tigre”, de acuerdo con los reportes contables en poder de este diario.
No obstante, los pagos no se limitaron únicamente a las fuerzas estatales, pues en el listado figuran también pagos de 50 mil pesos destinados a elementos de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas y mandos en Chiapa de Corzo, lo que les permitía cierta “libertad” para mover su mercancía o librarse de los operativos realizados en localidades clave dentro del Estado.
Al recibir un estado con altos niveles de violencia, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, (creada en 2024 por el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar) una fuerza estatal especial con armamento de alto poder para combatir a los cárteles en disputa.
La corporación fue dotada de armas y de un helicóptero artillado tipo Black Hawk el año pasado y está integrada por casi mil efectivos algunos provenientes del Ejército y la extinta policía federal, que centran sus operaciones en la frontera de Chiapas con Guatemala.
Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ordenó una investigación respecto a la información dada a conocer por el medio de comunicación y los supuestos pagos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal”. A través de un mensaje en sus redes sociales, aseguró que en caso de que la información sea confirmada se actuará con todo el peso de la ley, agregando que giró instrucciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que inicien las investigaciones correspondientes en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE).
“De ser cierta la información, se juzgará con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables”, resaltando que su administración no tolerará que las instituciones de seguridad sean “manchadas”, señalando que las mismas han trabajado por la seguridad en la entidad.
Al mismo tiempo, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, compartió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que asegura que cualquier señalamiento se investiga con profundidad, “no tenemos nada que ocultar y no encubrimos a nadie”, expresando la disponibilidad de cooperación en la revisión y seguimiento de las acusaciones para desechar o confirmar la información, sin embargo, también fue tajante en que no se debe desacreditar una institución sin pruebas concluyentes.
Cabe mencionar que toda esta situación ha alcanzado hasta a la Guardia Nacional, específicamente de Michoacán y Autlán, por lo que de verificarse la legitimidad de los documentos en mención, se estaría hablando de una depuración masiva en las diferentes Instituciones de seguridad, desde el nivel municipal, estatal y hasta el federal.
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