Colectivos de madres, padres y familiares buscadoras afirman que son más de 4 mil personas el total de desaparecidos en la entidad, aunque la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas señala que son poco más de 400 personas desaparecidas.
En los primeros días de enero del presente año, fueron denunciadas las desapariciones de al menos seis mujeres en el estado de Oaxaca, dos de ellas menores de edad, logrando la localización de tres mujeres, quienes ya se encuentran con sus respectivas familias. Destacan la Mixteca y los Valles Centrales como las regiones en donde se concentran más número de personas desaparecidas en lo que va de enero.
Las desapariciones en el estado oaxaqueño han incrementado en los últimos dos sexenios, mientras la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas señala que son poco más de 400 personas desaparecidas, la Red Lupa asegura que son 760 personas desaparecidas entre mayo de 2024 y mayo de 2025.
La periodista oaxaqueña Paola Flores publicó el 10 de febrero un artículo en donde las buscadoras oaxaqueñas exponen sus críticas a la actual Comisión Estatal de Búsqueda, calificando sus acciones como una “simulación” para justificar presupuestos. Denuncian que, en lugar de realizar operativos de localización de efectivos, la autoridad se limita a repartir volantes y organizar eventos recreativos, como rodadas de motociclistas, bajo la etiqueta de jornadas de búsqueda.
Esta falta de resultados obliga a las mujeres a realizar búsquedas independientes en reclusorios, hospitales y fosas, a menudo con sus propios recursos, sin embargo, las buscadoras denuncian que el plan se encuentra actualmente detenido, a la espera de que el Poder Ejecutivo estatal otorgue el “visto bueno” para su implementación formal.
El Programa Estatal de Búsqueda fue diseñado de forma conjunta por colectivos y el Consejo Estatal Ciudadano en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de Oaxaca. El documento ya está terminado y detalla las responsabilidades que deben asumir instituciones clave como la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Defensoría de los Derechos Humanos y la Comisión de Atención a Víctimas.
El pasado 30 de enero de 2026, madres buscadoras, defensoras y activistas en Oaxaca junto a Amnistía Internacional (AI), presentaron el informe “Desaparecer Otra Vez”, documento que recoge las múltiples violencias y afectaciones que enfrentan las madres buscadoras en México y al mismo tiempo las reivindica como defensoras de derechos humanos en el país.
Donde evidencian la responsabilidad y obligación que tienen las autoridades mexicanas de buscar a las personas que han sido sujetas de desaparición, sus omisiones e ineficacia, han llevado a las familias y principalmente a las mujeres (madres, esposas, hermanas, hijas) a asumir las labores de búsqueda por cuenta propia ante la ausencia de avances en las investigaciones, arriesgando su propia vida al ingresar a zonas peligrosas y terrenos baldíos, muchos de ellos con alta incidencia de operaciones por parte del crimen organizado.
Durante la presentación, destacaron el esfuerzo y resultados del trabajo de las mujeres buscadoras, quienes han impulsado la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, de Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; leyes Locales; la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las comisiones estatales, además de las Fiscalías de Investigación Especializadas locales y federales, entre otras.
Anteriormente, el pasado 14 de agosto de 2025, el Gobierno de Oaxaca presentó avances en la implementación del Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual permite articular de manera eficaz las labores para esta importante función, con instituciones públicas y la sociedad civil, aunque hasta el momento, no se han anunciado actualizaciones. Este Programa rige sus actuaciones en un enfoque inclusivo de derechos humanos, con perspectiva de género e interculturalidad, en concordancia con el Plan Nacional de Búsqueda, que incluye la participación activa de familias, organizaciones civiles y autoridades competentes.
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