El pasado 5 de enero del presente, una menor de apenas 13 años fue ingresada al Hospital de las Culturas en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, donde el padre presenta apenas 17 de años de edad, dejando a la menor internada en estado grave, resultado de la inmadurez física de su cuerpo para mantener un embarazo en condiciones óptimas.
El pasado viernes 30 de enero, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas al Código Penal en materia de cohabitación forzada, con el propósito de “erradicar uniones informales obligadas, sobre todo en pueblos y comunidades indígenas que llevan a cabo esta práctica bajo los denominados usos y costumbres”.
Las reformas al Código Penal establecen penas de entre ocho y quince años de prisión, además de multas que oscilan entre los mil y dos mil quinientos días de salario mínimo, para quienes obliguen a menores de edad a contraer matrimonio o bien, a integrarse en uniones informales.
Durante la discusión legislativa, se enfatizó la gravedad de los casos y los riesgos que enfrentan las víctimas, a pocas semanas de la difusión del caso de una niña tsotsil de trece años que, tras un embarazo de alto riesgo resultado de una unión forzada, dio a luz en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, situación que puso en riesgo su vida y la de su bebé.
La sexagésima novena Legislatura de Chiapas, aprobó las modificaciones al Código Penal durante un periodo extraordinario de sesiones, priorizando la problemática de la cohabitación forzada en menores y reconociendo que la cohabitación forzada, aun bajo la apariencia de acuerdos o consentimientos familiares y comunitarios, encubre delitos graves y agrava la vulnerabilidad de niñas y adolescentes en Chiapas, por lo que la sanción aumenta cuando la víctima pertenece a comunidades indígenas o afromexicanas.
Cabe mencionar que, Chiapas sobresale como uno de los mayores Estados con mayor volumen de madres menores de edad y mayor número de nacimientos de madres niñas de entre 10 a 14 años, con registros de 826 desde el 2021.
De acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas ocupa el primer lugar nacional en nacimientos de madres adolescentes. La entidad había registrado hasta el año 2024, un total de 9 mil 176 nacimientos de madres adolescentes de entre 10 y 17 años, de los cuales; 4 mil 010 correspondieron a madres de 17 años; 2 mil 900 a jóvenes de 16 años; mil 509 a adolescentes de 15 años; y 757 a niñas de entre 10 y 14 años.
Hasta 2025, se han registrado casos particularmente alarmantes, como en el municipio de Ocosingo, donde una niña de apenas 10 años dio a luz y el padre registrado contaba con 17 años, (diferencia de siete años). En San Andrés Larráinzar se registró un nacimiento con una madre de 12 años, mientras que en Tuxtla Gutiérrez se documentó un nacimiento con una madre de 11 años y un padre de 32 años, lo que representa una diferencia de 21 años, encendiendo las alertas sobre posibles casos de abuso y la urgente necesidad de protección de la infancia.
Según datos de Secretaría de Salud, la diferencia de edad entre la madre adolescente y el padre del bebé llega a ser de hasta 69 años. Hay 10 casos donde la diferencia supera los 50 años y más de mil donde pasa de 20 años. En casi 500 embarazos infantiles, los padres son hombres que pasan de los cuarenta años.
En muchos casos, los padres son también niños o adolescentes, contando con casi 100 registros de padres de 12 o 13 años. Mientras que, en otros 3.244 casos, los padres tendrían entre 14 años y 16 años.
Dentro de las diversas razones por las que se presentan estos casos, encontramos:
- La amplia brecha de desigualdad social. Sin trabajo ni educación, las menores optan por el matrimonio como vía para lograr cierta estabilidad económica.
- La pobreza que lleva a familias a casar o vender a sus hijas para obtener un ingreso, reducir la carga económica del sostenimiento familiar o saldar deudas.
- La desigualdad de género: el machismo impone roles y expectativas diferentes para las niñas y los niños.
- La falta de educación, que limita las oportunidades y los derechos de las niñas y adolescentes y las hace más vulnerables al matrimonio infantil.
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