En 2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 387 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, sumando 1,208 elementos con denuncias penales por presuntos delitos cometidos como lesiones, uso excesivo de la fuerza, desaparición forzada, entre otros.
A meses de cumplir 7 años desde su creación, la Guardia Nacional se ha visto envuelta en actos de extorsión, robo, abuso de autoridad e incluso casos de vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con reportes presentados por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Nacional, entre 2019 y abril de 2022 fueron registradas un total de 8 mil 656 denuncias, tanto anónimas como de ciudadanos afectados, de las cuales; sólo mil 135 derivaron en investigaciones.
De las denuncias indagadas, 787 asuntos de corrupción están vinculados a la extorsión de los agentes, 137 a abuso de autoridad, 92 a robo de bienes a la institución, 72 al robo (sin especificar), 58 a desacreditar a la GN, 53 a no conducirse con dedicación y disciplina, 31 a solicitar dádivas, 17 por cohecho, y 15 al uso indebido de recursos y/o abuso de confianza.
Los casos más graves implican a 18 elementos con vínculos con la delincuencia organizada, 10 con enriquecimiento ilícito, 5 por violación a los derechos humanos, 3 por uso de la fuerza letal, 3 por huachicol, 2 por delitos contra la salud, uno por secuestro, uno por contrabando y uno más por violación. Hasta ahora los elementos sancionados son 9 mil 175, un 7.7 por ciento de la corporación.
En 2024, se proyectó un promedio de dos integrantes de la Guardia Nacional denunciados diariamente por posibles delitos cometidos en el ejercicio de sus labores, de acuerdo con las cifras contenidas en el Informe Anual de Actividades de esta corporación, presentado ante el Senado de la República como parte de sus obligaciones de rendición de cuentas.
El documento detalla que, a lo largo del año la Unidad de Asuntos Internos de la corporación promovió 286 denuncias penales en contra de 749 elementos por su presunta participación en conductas ilícitas durante tareas de seguridad pública. Durante el ejercicio 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) notificó a la Guardia Nacional la apertura de 409 expedientes por posibles violaciones a derechos humanos.
La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, presenta las cifras de denuncias penales a su personal:
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En 2020, atendieron el registro de cinco elementos vinculados a proceso.
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En 2021, se recibieron 113 denuncias contra 155 elementos.
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En 2022, 122 denuncias contra 299 elementos.
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En 2023, no se reportaron denuncias.
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Y para 2024, se recibieron 286 denuncias contra 749 elementos.
SURESTE MEXICANO, OTRO CASO SIN PRESEDENTES
En Oaxaca, en julio de 2025, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) expresó su preocupación por el hostigamiento de fuerzas federales contra Othón Vargas, integrante de la organización Ciarena A.C., en Oaxaca. Donde se denunció que, alrededor de 10 camionetas del Ejército y la Guardia Nacional se presentaron en el domicilio del defensor para registrarlo sin explicar la situación, de manera amenazante, llegaron alrededor de las 14:30 horas, permaneciendo allí hasta las 20:00 horas, el colectivo asegura que estos hechos están relacionados con su labor como defensor de derechos humanos en la cuenca del Papaloapan y la región mixe baja de Oaxaca.
Apenas el pasado 28 de enero de este año, en Oaxaca, generó indignación la difusión de un video en el que se observó a ocho policías municipales deteniendo de forma violenta a una mujer en un parque de la capital oaxaqueña, lo que provocó críticas y exigencias de investigación.
En el estado de Chiapas, la fotoperiodista independiente Luz del Alba Velasco Gordillo denunció un operativo realizado el pasado 12 de julio de 2025 en su domicilio, ubicado en el barrio de la Cruz Grande, en Comitán de Domínguez, de acuerdo con una carta publicada por Velasco, dirigida a autoridades nacionales y organizaciones como la CNDH, el cateo fue encabezado por la Fiscalía General de Chiapas, con apoyo de la VII Región Militar y la Guardia Nacional.
Velasco detalló que en el momento del operativo ella no se encontraba en casa, sin embargo, mediante videos de vigilancia pudo constatar que los agentes forzaron el candado de la puerta principal, provocando daños en la misma.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), advierte que la utilización de las Fuerzas Armadas para trabajos relacionados con la migración es sólo una de las tareas civiles que el gobierno federal le asignó a los militares y que enmarcan el rumbo y los riesgos de la militarización en Chiapas.
En su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, el Centro Frayba dedica un capítulo a su análisis del papel que juegan las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en el contexto social que viven los chiapanecos y de cómo la política militarista contribuyó a la erosión de los derechos civiles.
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