El documento preferido por los migrantes es el acta de matrimonio, a un precio de mil 500 a 2 mil dólares, con el cual pueden tramitar la residencia temporal o permanente y la naturalización en México.
En el estado de Chiapas, un migrante extranjero puede conseguir un acta de nacimiento o matrimonio por entre mil 500 y 2 mil 500 dólares en el mercado negro, destacando los cubanos y haitianos como los que más recurren a la compra de estos documentos, mismos que son expedidos desde las oficinas del Registro Civil de municipios chiapanecos ubicados en la región de la frontera.
Estos documentos expedidos aparecen registrados en el Sistema Integral de Impresión de Actas y contienen una CURP certificada, lo que les da una apariencia “legitima”, sin embargo, presentan detalles como no contar con anotación marginal sobre la inscripción de nacimiento ni número de certificado de nacimiento, según han detectado autoridades consulares.
“Ahora el negocio (es la venta) de actas de nacimiento, porque los migrantes que perdieron su estatus en Estados Unidos piensan regresar a México, pero con pasaporte mexicano, lo que les facilita apelar a la reunificación familiar”, explica José Luis Abarca, activista en derechos de los migrantes.
Se ha detectado que el trámite de estos documentos es con la finalidad de enviarlos desde México a EU para que los migrantes puedan tramitar un pasaporte en los consulados, debido a que, con el pasaporte, si son detenidos por las autoridades migratorias evitan ser deportados a su país de origen.
El pasado 5 de diciembre, la Policía Municipal y Guardia Estatal desmantelaron un cibercafé en la localidad de Tapachula, que operaba frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), donde dos hombres, se hacían pasar por abogados, para poder ofrecer estos trámites migratorios falsos a extranjeros por hasta 5 mil pesos, sin embargo, ambos permanecen prófugos, mientras las investigaciones continúan.
La Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación contra funcionarios del Registro Civil del municipio de Tzimol, tras detectar los registros irregulares, incluido el de un ciudadano extranjero inscrito como mexicano, aunque el Registro Civil aseguró no haber encontrado más anomalías, activó protocolos internos para evitar la expedición ilegal de más documentos de este tipo.
El 12 de enero pasado, personal de la Dirección General del Registro Civil acudió ante la Fiscalía de Chiapas para denunciar a tres funcionarios del Registro Civil del municipio de Tzimol, en la zona fronteriza con Guatemala, debido a que se encontraron que, se había registrado a un ciudadano iraquí como nacido en ese municipio.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó posteriormente la integración de una carpeta de investigación, luego de que una auditoría del Órgano de Control Interno del Registro Civil detectara anomalías en el funcionamiento y manejo de información de los sistemas para la expedición y corrección de actas de nacimiento.
Lo que permitió identificar a tres funcionarios del área de Sistemas del Registro Civil: Jorge Ervin “N”, Juan “N” y José “N”, vinculados con organizaciones criminales que mueven a migrantes de la frontera sur a la frontera norte.
Otro caso similar, se registró en Filipinas, donde una persona nacida en China presentó un acta de nacimiento mexicana, supuestamente emitida en el Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para solicitar un pasaporte de emergencia. La Embajada de México con sede en Manila, detectó irregularidades en el documento, por lo que solicitó su verificación urgente, lo que evidenció que el fenómeno de actas falsas con presencia también en Asia.
Anteriormente, en mayo de 2025, ciudadanos denunciaron presuntos actos de corrupción en la Oficialía número 3 del Registro Civil en Tuxtla Gutiérrez, donde aseguraban que se exigían cobros irregulares en efectivo a cambio de acelerar los trámites, de acuerdo con los testimonios, la titular de la oficialía, Yaris del Refugio Cadenas Gordillo, solicitaba un pago extra de 234 pesos en efectivo para entregar actas de nacimiento, matrimonio o defunción al momento, cuando el costo oficial es de 123 pesos pagados a través de Hacienda, con un plazo normal de entrega de 15 días aproximadamente.
Los usuarios que se negaron a pagar el monto adicional han tenido que esperar hasta tres semanas para recibir sus documentos, señalando que cuando la titular no estaba presente, el resto del personal se negaba a brindar información u orientación, lo que generaba aglomeración y molestia entre quienes acudían a realizar trámites.
En el caso de matrimonios civiles, el costo oficial rondaba los mil 892 pesos, sin embargo, según las denuncias, si la funcionaria realizaba la ceremonia, el monto se elevaba a los 3 mil 500 pesos en efectivo. Si no se presentaba, el trámite se limitaba a la firma del acta, con un cobro reducido a 2 mil 500 pesos, también en efectivo.
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