La opinión de la ONU y los Amicus Curiae no fue tomada en cuenta en el proceso de debate de los amparos, pero sí influyeron como impulso para la presión mediática, acusó el abogado Alberto González, representante de los Defensores.
Cinco defensores tzeltales del Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, fueron liberados este 22 de noviembre luego de pasar casi tres años y medio en prisión, el Tribunal Colegiado del Poder Judicial en Tuxtla Gutiérrez ordenó su liberación inmediata luego de que las investigaciones confirmaran que las pruebas en su contra fueron fabricadas y son contradictorias entre sí, algo que diversas organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos y la ONU ya había señalado desde el año 2024. En mayo del presente año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, pidió al Estado mexicano la liberación inmediata de los afectados.
Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez Manuel Santiz Cruz, fueron condenados dos veces, una en 2023 y la siguiente en 2024, acusados de haber asesinado a golpes al policía municipal Antonio Aguilar Pérez, el 29 de mayo de 2022. No obstante, los afectados afirman haber encontrado al occiso en estado inconveniente, para después entregarlo a otros agentes municipales vivo, sin embargo, fueron detenidos y acusados inicialmente por posesión de marihuana, para después ser detenidos por homicidio.
Las diferentes Organizaciones de Derechos Humanos, aseguran que el Gobierno utilizó varias estrategias características del patrón de fabricación de culpables en el Estado de Chiapas, como lo fue la creación del delito de posesión de drogas para poder mantener a los defensores detenidos, brindando suficiente tiempo a la Fiscalía para elaborar la orden de aprehensión por homicidio agravado, delito por el cual les habían asignado una condena de 18 años y 9 meses.
Los defensores tzeltales se vivieron un proceso marcado por irregularidades con una frontera muy marcada de lenguaje, pues recordemos que los defensores pertenecen al pueblo indígena maya-tzeltal, por lo que el idioma español no es su lengua materna. Desde la primer detención como en la investigación y el juicio, encontrándose con la discrepancia en los reportes de los lugares de su detención, la negación que sufrieron tres de ellos para comunicarse con sus familiares, por lo que estuvieron 24 horas incomunicados, y la captura violenta de dos testigos que habrían declarado en favor de los defensores.
Es importante mencionar, que los cinco defensores habían participado activamente en la defensa de su territorio en contra del proyecto Autopista San Cristóbal de las Casas – Palenque y contra la militarización de la región. Manuel Santiz Cruz, es presidente del Comité de Derechos Humanos de la parroquia de San Juan Evangelista de Cancuc, e integrante del Movimiento de Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), organización que se ha opuesto al proyecto de la Hidroeléctrica en el río Chacté, así como a la Carretera de la Culturas.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), manifiesta que en Chiapas, existe un patrón visible de criminalización contra las personas que se atreven a defender su territorio, con el único objetivo de generar miedo, división y por ende, desmovilización en las comunidades afectadas principalmente por megaproyectos o por la militarización en las regiones.
Esta criminalización, beneficia no solo al Estado mexicano, sino también a las empresas y grupos criminales, pues facilitan su actuar en el asentamiento de sus negocios, tanto legales como ilegales.
Por tanto, el FIDH solicita al Gobierno Estatal y Federal, la implementación de un plan de reparación integral que no se limite a su indemnización económica, diseñado y basado en un diálogo con las víctimas directas e indirectas.
Y llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores de los derechos humanos y del territorio.
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