El IADSGO se planteaba como una iniciativa para garantizar la inclusión e implementación de políticas públicas para cada uno de los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ en materia de derechos sociales y protección ciudadana, sin embrago, se le ha brindado poco seguimiento al asunto por parte del Congreso de Oaxaca.
Lo que supuso un impacto a nivel nacional en junio de 2024, cuando la 65° Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó por mayoría de votos, la creación del Instituto de Atención a la Diversidad Sexual (IADSGO), el cual suponía se iba a dedicar a promover, dirigir, ejecutar y evaluar la política estatal en materia de inclusión a la diversidad sexual, así como la responsabilidad de realizar estudios y diagnósticos que permitan erradicar la discriminación y fomentar la inclusión social, principalmente para personas o grupos en situación de vulnerabilidad o violencia.
Convirtiendo a Oaxaca en el primer estado en todo el país en crear un Instituto en pro de la comunidad LGBTIQ+, esto, luego de la iniciativa propuesta por la entonces Diputada Tania Caballero Navarro, quien aseguraba que el Instituto contribuiría a la promoción de la cultura libre de discriminación, e impulsar el empoderamiento de las personas de la diversidad sexual.
Así también, se coordinaría con las instancias federales, estatales, municipales, organismos no gubernamentales e instituciones de educación e investigación. Punto clave para el funcionamiento de las políticas y los programas públicos en pro de la diversidad sexual.
Sin embargo, a más de un año de su aprobación en el Congreso del Estado, el IADSGO no cuenta con un titular, con un organigrama con el desglose de sus Direcciones y departamentos, ni un inmueble físico donde las personas que se identifican con esta comunidad puedan ser atendidas.
La Diputada Tania Caballero, hoy presidenta de la Junta de Coordinación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, había manifestado ante los medios de comunicación que el IADSGO sólo tardaría dos meses en arrancar su funcionamiento, lo cual se quedó en promesas, pues al día de hoy, la realidad sólo se quedó en los libros. Lo que parecía un paso importante para Oaxaca, terminó en una propuesta de “política” más, como recuerdo de lo que pudo ser un respiro para una comunidad que ha luchado por tener atención y soluciones ante sus necesidades, que
Cabe mencionar que en agosto de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH), celebraba que en Oaxaca se aprobaran en los Artículos 143 y 143 bis, pertenecientes al Código Civil del estado, los cuales protegen los derechos de la comunidad LGBTIQ+ para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias.
Algunos de los antecedentes que han afectado a esta comunidad:
En el periodo de enero de 2024 a mayo de 2025, se registraron al menos 11 casos de crímenes de odio contra la población LGBTIQ+ en Oaxaca, aseguró Sofía Fernanda Juárez Guandulain, presidenta de la asociación civil Trans-Difusión, y acusó que realizar el trámite de reconocimiento de identidad de género tiene un costo que supera los 2 mil pesos, lo cual es un precio excesivo para las personas trans y no binaries, debido a que la mayoría no tiene acceso a un trabajo bien remunerado.
De acuerdo con la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el 85% de personas trans experimentaron violencia física, psicológica y sexual. Entre estos actos violatorios, encontramos la falta de rutas de atención para el cambio de nombre y género en documentos de identidad jurídica, crímenes de odio y discriminación.
En febrero, el activista Enrique Bazán, miembro de la comunidad LGBTIQ+, denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas por parte de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, donde al intentar obtener información sobre la detención de uno de sus sobrinos, obtuvo como respuesta insultos, comentarios homofóbicos y agresiones físicas. Para que posteriormente los elementos municipales lo desnudaran, fotografiaran y encerraran durante más de cuatro horas, para ser liberado, cuando observaron que requeriría atención médica, no sin antes, haber sido sobornado con dinero para que no presentara una denuncia por los hechos ocurridos.
No obstante, la víctima presentó su denuncia penal, manifestando miedo, por la campaña de difamación, presuntamente bajo la encomienda del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, donde se le acusaba de robo y de mantener una relación con su propio sobrino.
Un caso más reciente, se suscitó el pasado 27 de octubre, colectivos y organizaciones de derechos humanos, denunciaron la desaparición de la activista y defensora del territorio en Oaxaca, María Mendoza Lucas, quien fue vista por última vez en el estado de Puebla. Posteriormente, diferentes organizaciones y colectivas como la Comunidad Trans por Nuestros Derechos Humanos en Oaxaca, exigieron a la Fiscalía General y al Gobierno del Estado, que su búsqueda fuera eficaz e inmediata, debido a que, al ser activista y parte de la comunidad LGBTIQ+, se triplican el riesgo de sufrir algún tipo de violencia.
Finalmente, varios organizaciones y activistas de la diversidad sexual, como Amicus DH A.C., Fundación Trans Difusión A.C. y Autenticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, interpusieron un amparo indirecto en el primer semestre de este año en contra del presupuesto estatal 2025 de Oaxaca, manifestando su inconformidad por que el gobierno no destinó ningún recurso para la comunidad LGBTIQ+, argumentando que ya existen asignaciones para diferentes grupos como mujeres, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios, por lo que manifiestan una violación al artículo primero de la Constitución, exigiendo su inclusión en el presupuesto, para cubrir las necesidades de la comunidad que representan.
Imagen Facebook, Tania Caballero
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