“Oaxaca ocupa el primer lugar en asesinatos de personas defensoras, le siguen Guerrero y Chiapas en tercer lugar” demandan 33 agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Organizaciones civiles en el estado de Chiapas exigen una mejor coordinación en la seguridad y la atención a las causas, en busca de construir condiciones de paz ante el incremento de la violencia contra defensores de derechos humanos, de la tierra, activistas y periodistas en la entidad.
Chiapas vive una situación crítica en materia de derechos humanos, luego de que la Red Espacio OSC presentará un reporte que incluía 156 ataques contra personas defensoras, incluidos cuatro homicidios, en el periodo que comprende desde enero 2024 a junio de 2025.
“Estas agresiones abarcan intimidaciones, difamaciones, actos de vigilancia y ataques armados, como la masacre de Nueva Morelia, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, y las agresiones contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal”, recuerdan en su portal digital, así mismo, mencionan que el “CIMAC ha documentado 21 agresiones contra mujeres periodistas entre 2024 y 2025, siendo este último año el más violento, con 16 casos reportados, incluyendo dos allanamientos”.
Una de las medidas ante esta alarmante situación en el estado es la creación del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas, mejor conocido como “El Obse”, la cual es una base de datos pública que ofrece un espacio para documentar la violencia y los ataques que enfrentan los defensores de derechos humanos, de la tierra y de la paz.
El Obse reveló un informe donde se presenta que en este 2025, las agresiones contra defensores, periodistas y activistas, aumentaron un 29%, este tipo de agresiones documentadas, buscan obstruir o detener la labor de defensa de los derechos humanos en el estado, entre los tipos de agresión más frecuentes destacan la intimidación, difamación, vigilancia, criminalización, agresión verbal y abuso de autoridad. Entre los casos documentados, el 85% fueron ataques directos a defensores y periodistas.
El Obse manifiesta en su portal, que el “Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de quienes defienden los derechos humanos reconociendo públicamente su labor, asegurando un ambiente seguro y propicio para la defensa, poniendo en marcha mecanismos efectivos para su protección, e investigando y sancionando las agresiones en su contra”.
Sin embargo, también evidencian que, muchas veces, es el Estado el responsable directo de las agresiones en contra de las personas defensoras, debido a que los perpetradores son funcionarios estatales o por su omisión, complicidad o tolerancia cuando se llevan a cabo este tipo de actos.
Fotografía, Cortesía
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presenta, por su parte, más de 16 mil casos de desplazamiento forzado en Chiapas, acompañados de despojos territoriales, agresiones a defensores comunitarios quiénes manifiestan que la violencia no ha cesado, y que mientras los gobiernos federal y estatal insiste en que “todo está bien”, la información que han documentado ellos, expresa todo lo contrario.
Del mismo modo, denunciaron la contradicción que atraviesa el discurso gubernamental de Eduardo Ramírez, quién por un lado parece reconocer que el estado vive una crisis con el crecimiento exponencial de la violencia, mientras por el otro lado, se encubre la realidad bajo una narrativa de pacificación que no va acorde con lo que ocurre en la mayoría de los territorios de la entidad.
Espacio OSC, hace un llamado al Gobierno de Chiapas, a la Fiscalía del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para coadyuvar en la defensa de los derechos humanos, para que trabajen en acciones claras, que se siga atendiendo las diferentes carpetas de investigaciones en contra de hasta algunos funcionarios, y a la Comunidad Internacional para que mantenga monitoreo y acompañamiento ante la situación que se vive en Chiapas.
A pesar de que las Instituciones de DDHH cuentan con protocolos de protección, las amenazas contra los defensores y periodistas continua en crecimiento.
OAXACA, OTRO CASO SIN PRESEDENTES
En el estado de Oaxaca, la situación que se vive es muy similar, en lo que va de la administración del gobernador por Morena, Salomón Jara Cruz, la defensa del territorio le ha costado la vida a 32 personas defensoras, como se dio a conocer en el informe “Alas y Raíces, 2025” realizado por distintas organizaciones Comunitarias.
Donde también se señala que 114 personas han sido agredidas, 44 personas agredidas individualmente y 70 actos de agresión contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca, de las cuales, 27 casos fueron catalogados como atentados a la vida. El hostigamiento, la criminalización y el homicidio, representan el 73% de las agresiones cometidas.
Destacando el Istmo de Tehuantepec, como la región con más violencia hacia defensores, con el 50% de agresiones, relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Por otro parte, de acuerdo con un informe de la Organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), desde diciembre de 2018, las agresiones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, han cobrado la vida de 58 personas, las cuales han sido asesinadas y seis, desaparecieron en el estado, de los 58 casos, 27 de las víctimas eran provenientes de la Región Mixteca, 11 de las Costa, 9 de la Sierra Sur, 7 del Istmo y dos de Valles Centrales y la Cuenca.
Entre los casos más recientes, destaca el caso de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, defensoras de derechos humanos de la Comunidad Triqui, pertenecientes al colectivo Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), mismas que fueron asesinadas el 6 de noviembre de 2024, caso que llegó hasta la presidencia, pero que no ha tenido avances en su investigación.
Cristino Castro Perea, ambientalista fundador del Colectivo de Defensores Ambientalistas de la Barra de la Cruz, quien pese a estar incorporado al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue asesinado a tiros el 28 de febrero de 2025, mientras se encontraba en el kiosco de la comunidad.
Finalmente, Wilfrido Atanacio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), denunciaron amenazas derivadas de su oposición al megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Posteriormente, fueron emboscados y asesinados a tiros en Santo Domingo Petapa, el pasado 13 de febrero.
Diversos casos se suman a las agresiones suscitadas hacia personas defensoras y periodistas del país, no obstante, la labor de informar y salvaguardar el patrimonio de las comunidades será siempre una prioridad de las y los defensores del territorio. Se espera que tanto las autoridades estatales de Chiapas y Oaxaca así como las instancias de Presidencia tomen cartas sobre el asunto y garanticen una mejor protección y atención a las demandas.
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